Democracia

El 7 de junio de 2026 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), un hito negativo para el espacio cívico en El Salvador, ya que supone un claro retroceso del Estado de derecho. Este hecho se suma al control estatal sistemático orientado a limitar la fiscalización ciudadana sobre el ejercicio político, en un contexto de constante descubrimiento de casos de corrupción, hermetismo, impulso de megaproyectos y monocultivos, y la criminalización de las voces críticas con el oficialismo. 

Las elecciones al Parlamento regional reflejan una profunda división. La extrema derecha queda a muy poco de alcanzar la mayoría absoluta que buscaba y provoca así un terremoto político. La formación del próximo gobierno se perfila difícil.

La feminista salvadoreña Morena Herrera recibirá el Premio Internacional Defensoras 2026, otorgado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto.

La desaparición forzada y muerte de uno de los líderes indígenas más importantes de Nicaragua ocurre en un contexto de persecución contra pueblos indígenas y afrodescendientes, debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe y creciente control estatal sobre sus territorios.  

Tras años de captura institucional y criminalización, Guatemala intenta reconstruir su sistema de justicia desde una democracia sostenida por comunidades indígenas, movimientos sociales y resistencia ciudadana. Mayo de este año marcó un momento particularmente importante en ese proceso. Que Guatemala esté intentando reconstruir democracia con actores que no suelen aparecer en los manuales de transición democrática, es quizás, lo más importante que está ocurriendo hoy en la región centroaméricana.  

En el marco del 195º período de sesiones de la CIDH, organizaciones sociales y expertos internacionales advirtieron que existen bases razonables para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador en el contexto del régimen de excepción.

Los ataques a la agenda de género suelen formar parte de estrategias políticas que buscan polarizar y debilitar instituciones democráticas. Al cuestionar los derechos reproductivos y el conocimiento técnico, se abre la puerta a retrocesos en otros derechos y en el espacio cívico. Por eso, defender el pluralismo, las instituciones y el derecho a disentir es clave para proteger la democracia.

Un año después de la sentencia en el caso Beatriz, el gobierno de El Salvador continúa incumpliendo las órdenes de la Corte de Derechos Humanos. Gobierna sin garantías del Estado de derecho y persigue a personas defensoras de derechos humanos, opositoras y activistas.