En el marco del 195º período de sesiones de la CIDH, más de una decena de organizaciones sociales y expertos internacionales advirtieron que existen bases razonables para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, vigente desde 2022 como principal estrategia de seguridad del gobierno. La representación estatal no respondió de forma sustantiva a estos señalamientos. Por el contrario, días después impulsó reformas constitucionales que amplían el poder punitivo del Estado y que se teme puedan ser utilizada para incrementar la criminalización contra las voces disidentes.
Una audiencia que expone más que una crisis
La reciente comparecencia de la delegación estatal de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción, no sólo evidenció el deterioro democrático del país. También dejó al descubierto una dinámica más profunda: la consolidación de una diplomacia que, lejos de rendir cuentas, normaliza la negación, descalifica la crítica y convierte el cinismo como política exterior.
Lo que debió ser un espacio de diálogo se transformó en una exposición de dos narrativas opuestas. Por un lado, organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales, personas expertas independientes y representantes de Naciones Unidas presentaron datos, patrones y testimonios que describen un entorno cada vez más hostil para quienes ejercen la defensa de derechos. Por otro, la representación estatal adoptó una postura reactiva y evasiva, sin responder de manera sustantiva a las preguntas de los comisionados de la CIDH, ni a los graves señalamientos documentados. En lugar de ello, Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, en representación del Estado Salvadoreño, centró su intervención en descalificar, negar e insistir en desconocer los hechos documentados.
Un patrón estructural de persecución
Durante la audiencia se advirtió la consolidación de un patrón de restricciones al derecho a defender derechos humanos, vinculado al régimen de excepción, la concentración de poder y la adopción de nuevas herramientas legales para criminalizar a voces críticas, como la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).
Los datos presentados no dejan margen para interpretaciones aisladas: entre 2019 y 2025 organizaciones de sociedad civil documentaron al menos 174 casos de persecución y criminalización contra personas defensoras, periodistas, operadores de justicia y liderazgos sociales. Entre los casos más emblemáticos se encuentran los de los abogados Ruth López (detenida el 18.05.2025) y Enrique Anaya (detenido el 07.06.2025), así como las capturas de los ambientalistas Ángel Pérez y Alejandro Henríquez (13.05.2025), quienes fueron liberados luego de ser obligados a aceptar los cargos por desórdenes públicos y resistencia agresiva. Estos hechos generan un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana, debilitan procesos organizativos y castigan la defensa de los derechos humanos.
Este patrón de vulneraciones se inserta en un contexto más amplio, marcado por la prolongada implementación del régimen de excepción— vigente desde hace cuatro años y con más de 48 prórrogas—, que ha dejado de ser una medida extraordinaria para convertirse en una forma permanente de gobierno y control. Bajo el régimen, más de 89 mil personas han sido detenidas, de las cuales el 70 % fueron capturadas en los primeros nueve meses de implementación. Aproximadamente 1 de cada 70 salvadoreños está en prisión, lo que cataloga a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, incluso más que la de Estados Unidos. A ello se suman las condiciones bajo las cuales se han producido estas detenciones: organizaciones de defensa por los derechos humanos han documentado más de 403 muertes bajo custodia estatal, al menos 540 desapariciones forzadas, restricciones sistemáticas de acceso al derecho de defensa, el uso automático de la detención provisional y la prolongación indefinida de procesos judiciales.
En este escenario, el derecho penal ha sido desnaturalizado y se ha convertido en un mecanismo de control social.
La expansión del control más allá del régimen de excepción
Además del régimen de excepción, la adopción de nuevas herramientas legales, como la citada LAEX, refuerzan este mismo patrón de control. Sus efectos sobre el ejercicio del derecho a defender derechos humanos ya son visibles. Lejos de limitarse a un mecanismo de registro o transparencia, las organizaciones de la sociedad civil han documentado cargas administrativas desproporcionadas, plazos restrictivos para inscribirse, discrecionalidad en la aplicación de exoneraciones de impuestos y un impacto directo en su operatividad. En la práctica, esto ha derivado en la reducción de personal, suspensión de actividades, reformulación de proyectos —incluyendo la eliminación de enfoques como el de género—, e incluso, el cierre de organizaciones y el exilio de sus integrantes. El efecto más grave es ver a comunidades enteras que están quedando sin acompañamiento, en un contexto donde el Estado no garantiza estos servicios.
De la denuncia internacional a la negación oficial
Una de las frases más graves durante la audiencia fue mencionada por el director para América Latina de Interjust, Ignacio Jovtis:
“Este informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Es importante reiterar que la posible comisión de crímenes de lesa humanidad representa un umbral particularmente grave en la evaluación de la situación en El Salvador, con implicaciones que trascienden el ámbito nacional y que podrían activar mecanismos de responsabilidad internacional.
Frente a estos señalamientos, la respuesta del Estado salvadoreño durante la audiencia consistió en negar los hechos. “En El Salvador no hay detenciones arbitrarias, no hay desapariciones forzadas, no hay persecución contra personas defensoras de derechos humanos” afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Andriana Mira en la sesión de CIDH. Esta posición, no solo contradice la evidencia presentada por múltiples actores, sino que revela una narrativa basada en la negación sistemática de la realidad. Más aún, el Estado no se limitó a rechazar los señalamientos sin presentar pruebas, sino que cuestionó la legitimidad de las voces críticas a su gestión, insinuando que la defensa de derechos humanos puede ser utilizada como un escudo para evadir responsabilidades penales.
En esta misma línea la vocera del Estado acusó a la relatora de Naciones Unidas para personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, de contribuir a narrativas distorsionadas sobre la realidad del país. Asimismo, envió al Comisionado José Luis Caballero a que solicitara a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH que le proporcione información sobre las medidas cautelares de Ruth López y Enrique Amaya, dado que ellos la han enviado en tiempo.
Más allá del contenido de las intervenciones, debe preocupar este tipo de actitudes del oficialismo en espacios internacionales, dejarlo pasar significa una forma de respaldar una nueva forma de participación de gobiernos antidemocráticos que se creen gozar de impunidad afuera de sus fronteras.
Respuesta - La escalada: reformas y riesgos
Tras el impacto de la audiencia, y de la siguiente divulgación de los resultados del informe, el gobierno salvadoreño implementó una estrategia de descrédito en las redes sociales, intensificando las dinámicas de acoso digital y el uso de recursos estatales para enviar mensajes que fortalecieran las narrativas oficiales.
En este contexto, lo que está en juego en El Salvador no sólo es una disputa institucional, también es una lucha por la verdad. Cuando la negación se convierte en política de Estado, nombrar la realidad deja de ser un ejercicio descriptivo y se convierte en un acto profundamente político. En este escenario se han documentado campañas pagadas para deslegitimar con ofensas y no con hechos a los medios de comunicación y periodistas independientes, de los cuales, al menos 53 se vieron obligados a salir del país en 2025.
Pero aún más allá de esta reacción, pocos días después de la presentación del informe, la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista— aprobó una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua, para delitos como violación, homicidio y terrorismo. La inclusión del término “terrorismo” junto a delitos como violación y homicidio no es neutra. En el contexto salvadoreño, esta categoría ha sido utilizada de manera amplia en el discurso de seguridad para referirse a actores considerados como amenazas al orden público. En un entorno donde se ha documentado la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y voces críticas, esta formulación introduce un margen significativo de ambigüedad que podría ampliar el alcance de su aplicación y situar a estos actores en una posición de mayor vulnerabilidad jurídica.
Finalmente, este giro normativo no se puede analizar de manera aislada, sino que se inscribe en un contexto de endurecimiento institucional en un país donde se han documentado múltiples violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Su adopción, apenas unos días después de la presentación del informe, sugiere que, más que una respuesta estructurada al problema de la violencia, podría interpretarse como una reacción política frente al creciente escrutinio sobre la situación del país.
El oficialismo busca enviar un mensaje claro: a más voces críticas más represión.
Lo cual no es nuevo en el país, lo vivió durante el conflicto armado, pero esta vez viene cargado de herramientas novedosas con la vigilancia digital y el espionaje a periodistas, la persecución legal mediante una fiscalía cooptada, la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones de sociedad civil, la estigmatización pública desde las redes oficiales del gobierno y el uso del sistema penitenciario como instrumento de terror. Un repertorio moderno de autoritarismo que combina la violencia de siempre con la tecnología del presente.
Cuando la seguridad redefine los derechos
En conclusión, la actuación de la representación del Estado salvadoreño en la CIDH mostró su talante una vez más. Mediante posturas reactivas dejó en evidencia su falta de interés por dialogar con las organizaciones de derechos humanos para abordar de forma propositiva los señalamientos de abuso de poder estatal en el marco del régimen de excepción, una apertura que un gobierno que se aprecie democrático debería de adoptar, pero la realidad nos sugiere que no estamos frente a ese tipo de gobierno.
Si bien el discurso oficial sostuvo durante la audiencia que su modelo de seguridad es exitoso, desde la comunidad internacional debe verse con alarma y preocupación, porque en esa afirmación quedan afuera las víctimas, quienes no tienen acceso a justicia, garantías básicas ni mucho menos reparación. No se puede permitir llamar “modelo” ni legitimarlo cuando en las políticas de seguridad se promueven la vulneración de derechos humamos.
El principal desafío es recordar que los derechos humanos no son moneda de cambio para garantizar la seguridad de la ciudadanía y que los señalamientos basados en informes independientes deben ser vistos como instrumentos para corregir el rumbo y centrar el debate en las víctimas.