Un año después de la sentencia en el caso Beatriz, el gobierno de El Salvador sigue incumpliendo las órdenes del tribunal de derechos humanos. Gobierna sin garantías del Estado de derecho y persigue a personas defensoras de derechos humanos, opositoras y activistas.
Un año después de la sentencia por el caso Beatriz, una experta internacional evalúa el escaso efecto de las órdenes de la Corte IDH, bajo las políticas de un gobierno que no ofrece garantías jurídicas necesarias, y que además persigue a defensores de derechos humanos, opositores políticos y activistas.
El 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió una sentencia que señala al Estado salvadoreño de violar los derechos humanos de Beatriz, una mujer salvadoreña que estaba en riesgo de muerte tras un embarazo que había puesto su salud y su vida en peligro. Los tribunales salvadoreños le rechazaron el acceso a un aborto en 2013 debido a la prohibición total del aborto en el país, establecida en el Código Penal desde 1998. Se lo negaron a pesar que su vida dependía de esa decisión. Esta decisión de la Corte ha marcado una línea histórica para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres salvadoreñas, pero que también las pone frente a una barrera más grande: la poca voluntad y una postura aún más conservadora del gobierno actual.
Alcances y límites de la sentencia en El Salvador
El caso de Beatriz evidenció las secuelas negativas en la salud de las mujeres por las leyes restrictivas contra el aborto. Es otro episodio oscuro del sistema de justicia salvadoreño que le negó el derecho de interrumpir su embarazo a una mujer de 22 años para proteger su vida, sin escuchar las múltiples recomendaciones médicas que concluyeron que el feto tenía anencefalia, una malformación que volvía poco probable que el bebé sobreviviera fuera del vientre, al mismo tiempo que Beatriz sufría una enfermedad autoinmune que también ponía en alto riesgo su salud y su vida. Fue obligada a una cesárea cuando tenía 26 semanas de embarazo. Su bebé murió unas horas después. Ella también fue víctima del mismo sistema que ha encarcelado al menos a 17 mujeres bajo el delito de homicidio. Esas acciones despertaron el compromiso de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, que logró la libertad de más de 80 mujeres entre 2009 y 2022, que fueron perseguidas por sufrir una emergencia obstétrica. La mayoría de esas mujeres provenían de familias de escasos recursos económicos y habitaban en zonas marginalizadas y sumergidas en el abandono estatal y social.
En su sentencia del 20 de diciembre del 2024, la Corte Interamericana ordenó al Estado salvadoreño que debe adoptar protocolos médicos y judiciales claros para los casos en los que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de las mujeres. También le ordenó capacitar al personal médico y a los operadores de justicia para prevenir la violencia obstétrica, y también para garantizar que la atención médica no se obstruya por las múltiples barreras legales a las que se enfrenta el personal médico en las instituciones públicas. La sentencia también obliga al Estado salvadoreño a cubrir los costos legales y entregar una indemnización a la familia de Beatriz como una medida de reparación económica. El plazo para ese cumplimiento venció en noviembre de 2025. Hasta la fecha no hay registros oficiales sobre las respuestas del Estado salvadoreño sobre las demandas de la Corte.
Luego de la sentencia, distintas organizaciones celebraron la decisión de la Corte como un avance para la justicia reproductiva, aunque sea una decisión que también deja un mal sabor de boca por algunos vacíos, ya que no hubo una resolución concreta sobre la prohibición total del aborto y la criminalización a las mujeres sigue ocurriendo de manera sistemática.
Efectos de la sentencia en el contexto político actual
Un año después de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una experta internacional que conoce de cerca el caso Beatriz y que pidió no ser identificada por motivos de seguridad, hace un balance sobre esas órdenes que han calado poco en un país que ahora mismo no cuenta con garantías jurídicas claras y arremete contra cualquier ciudadano que tenga una postura contraria a la del presidente Nayib Bukele y su círculo de poder, y que también ataca, criminaliza y persigue judicialmente con todo el peso del Estado a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.
Para ella, la decisión emitida por la Corte supone un avance en términos jurídicos, pero al mismo tiempo tiene otras limitaciones. Destaca la evidencia de que el estado salvadoreño fue condenado por violaciones a derechos humanos en el caso Beatriz, pero también considera que es una decisión bastante conservadora.
“La Corte Interamericana no profundizó sobre los factores que originan la violación principal, que es la imposibilidad de realizar una interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador. Lo cierto es que por miles de protocolos que tengamos en El Salvador, si tenemos todavía la criminalización del aborto desde el Código Penal y la prohibición desde el carácter constitucional, poco o nada se puede hacer”.
Cuando habla de justicia a partir de la sentencia, la experta señala que es una justicia a medio término, porque la Corte Interamericana no ordenó el cambio de la ley que evite escenarios similares al de Beatriz en un futuro, sino que únicamente se ordenó la creación de un protocolo médico para actuar en caso de una emergencia obstétrica. “Se pueden crear todos los protocolos que quieran, pero yo no tengo evidencia en este momento de que El Salvador tenga la voluntad política, no solo de crearlos, sino también de implementarlos, sobre todo hoy que existe una evidente línea contraria a la protección de los derechos humanos. Que se hizo justicia, probablemente sí, porque el caso tuvo una repercusión importante y se ha puesto sobre la mesa la violación de derechos humanos que sufren las mujeres pobres en El Salvador, criminalizadas por emergencias obstétricas, pero es una sentencia que no logra cubrir todas las demandas”.
La participación clave de organizaciones nacionales e internacionales
Desde que se conoció el caso, el papel de las organizaciones sociales ha sido fundamental para exigir justicia. La experta asegura que sin el apoyo y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el caso no habría tenido ningún avance. Sin embargo, ese papel de las organizaciones se ha erosionado en el último año: la Agrupación por la Despenalización del Aborto, la misma ONG que consiguió la liberación de 81 mujeres condenadas por ese delito, cerró su estructura legal debido a la “involución” de los derechos humanos bajo el mandato de Nayib Bukele, según una publicación de El País.
“Un litigio nacional como el de Beatriz generó mucha expectativa y obviamente un litigio internacional que ha costado muchísimos recursos, y no solo hablo de recursos económicos sino también de recurso humano y de especializaciones concretas para entender cómo opera la justicia interamericana”.
Hacia un cambio legal y social por los derechos de las mujeres
Si bien hay un avance con la sentencia, como señala la experta, también sugiere algunos cambios esenciales en la legislación salvadoreña en temas concretos sobre la salud reproductiva. Uno muy claro y necesario es la despenalización del aborto y otro es la aplicación del Código Penal con medidas menos restrictivas.
“A las mujeres en El Salvador no las criminalizan por interrumpir su embarazo; las criminalizan por homicidio, que a mí me parece que es una figura perversa que utiliza la Fiscalía General de la República. Está claro que la criminalización del aborto va a seguir en la medida que no se cambien las leyes que hoy por hoy siguen vigentes. Creo en un cambio de aplicación de justicia basada en estándares internacionales en materia de derechos humanos, pero también con un cambio en la conciencia social. Las mujeres tienen derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal.