El 7 de junio de 2026 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), un hito negativo para el espacio cívico en El Salvador, ya que supone un claro retroceso del Estado de derecho. Este hecho se suma al control estatal sistemático orientado a limitar la fiscalización ciudadana sobre el ejercicio político, en un contexto de constante descubrimiento de casos de corrupción, hermetismo, impulso de megaproyectos y monocultivos, y la criminalización de las voces críticas con el oficialismo.
A un año de su implementación, es oportuno evaluar sus impactos en el ámbito humano. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han denunciado afectaciones a los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión. La narrativa oficialista presenta a la ley como un instrumento para fortalecer la transparencia y regular los recursos extranjeros, pero las OSC ya estaban sujetas a marcos de fiscalización preexistentes, lo que pone en duda que la ley responda a un vacío regulatorio real y refuerza la idea de que su propósito es restringir el trabajo de la sociedad civil.
Nuevos escenarios para las OSC
Ante este panorama, las OSC se han visto obligadas a redefinir sus estrategias institucionales para garantizar la continuidad de su trabajo. Las principales medidas incluyen el cese de operaciones en el país, el traslado de sus oficinas o funciones fuera de El Salvador, la inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y la adecuación de sus líneas de trabajo, particularmente aquellas relacionadas con la incidencia pública, la promoción del espacio cívico y la defensa de los derechos humanos.
Según la LAEX, las organizaciones que solicitan la exoneración de impuestos pueden recibirla de forma íntegra o solo para programas específicos, y deben de prorrogarla periódicamente. El Gobierno puede exigir información en plazos reducidos y someter a las organizaciones a audiencias que, según diversas voces, han impuesto mayores restricciones al derecho de asociación. Estos requerimientos han incrementado la carga administrativa, en consecuencia, las organizaciones han debido destinar recursos financieros y humanos a procesos de inscripción, elaboración de informes y adecuación de procedimientos internos, lo que en muchos casos ha forzado ajustes presupuestarios que afectan directamente a las poblaciones beneficiarias, muchas de ellas en condición de vulnerabilidad. Esta renovación periódica, sumada a los costes administrativos, genera una creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera y programática de las organizaciones. A pesar de que la cooperación internacional mantiene presencia en el país, el entorno regulatorio ha demandado mayor cautela tanto a quienes financian como a quienes implementan proyectos.
Informe desde San Salvador: Congreso salvadoreño aprobó una polémica ley de agentes extranjeros - FRANCE 24 Español
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El costo humano detrás de la ley
La LAEX estipula un gravamen del 30% sobre los montos que ingresan a las OSC. Ante este costo, muchas organizaciones se reestructuraron, prescindiendo de proyectos, reduciendo el alcance de sus intervenciones u orientando sus agendas hacia acciones con mayor probabilidad de aprobación por el RAEX. Mientras que aquellas que no obtuvieron la exoneración buscan apelar dentro de un sistema de justicia controlado por el oficialismo.
Las OSC son una expresión colectiva del derecho de asociación y sus afectaciones trascienden lo institucional e impactan directamente en las personas que las integran y en las personas titulares de derechos que se beneficiarían de sus procesos programáticos. El impacto real recae sobre quienes sostienen el acompañamiento comunitario, la prestación de servicios, documentación de violaciones de derechos humanos, defienden el territorio o ejercen la libertad de expresión. Uno de los efectos más visibles ha sido la reducción de equipos de trabajo, producto de la incertidumbre financiera que ha obligado a algunas organizaciones a no renovar contratos, a congelar contrataciones o recortar personal, llevando a algunas personas a reorientar por completo sus proyectos de vida.
Esta reducción de personal no solo implica pérdida de empleo, sino también un profundo desgaste emocional para quienes permanecen un poco más de tiempo en las organizaciones. Una persona defensora de los derechos humanos entrevistada para la elaboración de este artículo relató que uno de los momentos más difíciles fue presenciar la salida progresiva de sus compañeras y compañeros durante el cierre de su organización, una carga emocional que aún hoy le resulta difícil superar, al representar el fin de un proyecto colectivo construido durante años.
La incertidumbre llega al punto de temer campañas de desprestigio o criminalización, lo que favorece la autocensura y el repliegue institucional y personal. Muchas de las organizaciones evalúan cuidadosamente cada acción pública, desde la publicación en redes sociales hasta la decisión de conceder entrevistas o pronunciarse sobre violaciones de los derechos humanos, conflictos ambientales o políticas públicas. La autocensura deja así de ser una decisión individual para convertirse en un mecanismo de supervivencia frente a un entorno cada vez más restrictivo.
La autocensura deja así de ser una decisión individual para convertirse en un mecanismo de supervivencia frente a un entorno cada vez más restrictivo.
Uno de los impactos más graves ha sido el exilio de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, exacerbado por la detención de Ruth López y Enrique Anaya, personas destacadas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. El exilio representa una pérdida multidimensional, la salida de personas con experiencia, conocimientos especializados y vínculos comunitarios construidos durante años, junto con el desarraigo familiar, social, patrimonial y profesional de quienes se van. Este desgaste emocional se traslada a la vida familiar, con una preocupación constante por la estabilidad económica y el temor a represalias.
Un costo aún no dimensionado del todo es el que recae sobre las comunidades y personas titulares de derechos que históricamente han encontrado acompañamiento en las OSC. Cuando una organización cierra o reduce sus operaciones, muchas personas pierden el acceso a la asesoría jurídica, el acompañamiento en conflictos territoriales, el apoyo organizativo o la formación en derechos humanos. Como señaló una persona defensora entrevistada: "… al final del día quienes resultan más afectados son las comunidades empobrecidas que las organizaciones han acompañado".
Este retiro también ha debilitado los procesos organizativos construidos durante años, en comunidades donde antes existían espacios permanentes de formación y acompañamiento, hoy se registra una menor participación ciudadana, dificultades para renovar liderazgos y temor a asumir responsabilidades comunitarias. Una lideresa comunitaria entrevistada relató que su comunidad perdió el acompañamiento de tres organizaciones: una brindaba asesoría jurídica frente a desalojos forzosos y promovía la exigibilidad del derecho al agua, otra con programas para niñez y adolescencia, y una tercera enfocada en el derecho a una vivienda adecuada. Sin que este vacío fuera cubierto por instituciones públicas.
El movimiento sindical también ha sido golpeado, un dirigente entrevistado para este artículo señaló que el cierre de organizaciones que brindaban acompañamiento especializado dejó a varios sindicatos sin asesoría jurídica, formación y representación en espacios de diálogo laboral, afectando en particular a organizaciones con recursos limitados. La red sindical a la que pertenece redujo su participación en más del 50%, de 18-20 organizaciones que la conformaban antes de la LAEX pasó a 8 en la actualidad, sin que el gremio identifique instituciones confiables que sustituyan el acompañamiento que brindaban las OSC.
Defender derechos en tiempos adversos
Los desafíos para las OSC sobrepasan la sostenibilidad financiera, exigen proteger a sus equipos, fortalecer la seguridad física y digital, prevenir el desgaste emocional de quienes permanecen en la defensa de los derechos humanos, sostener procesos organizativos territoriales y recuperar la confianza de las comunidades afectadas por el miedo y la desmovilización. Diversificar la cooperación, fortalecer las redes de articulación y promover nuevas formas de participación ciudadana resulta fundamental para sostener este trabajo sin perder la cercanía con comunidades acompañadas históricamente.
El balance del primer año de la LAEX evidencia impactos que atraviesan tanto lo organizativo como lo humano, reestructuraciones, cierres, pérdida de empleos, incertidumbre, autocensura e interrupción de procesos comunitarios construidos durante años. Aunque la magnitud varía entre organizaciones y territorios, es evidente que las restricciones no solo afectan a quienes integran las OSC, sino también a las comunidades en situación de vulnerabilidad que dependen de su trabajo para acceder a información, asesoría y mecanismos de protección de derechos.
A pesar de este contexto, las OSC y personas defensoras de derechos humanos continúan buscando formas de mantener su labor, trasladando operaciones, reorganizándose, fortaleciendo redes de colaboración o priorizando acciones comunitarias de menor exposición pública. Mientras que en las comunidades persisten expresiones de resiliencia, liderazgos locales, conocimientos puestos en práctica y colectivos que, aun con recursos limitados, mantienen activas iniciativas de organización y solidaridad. Estas experiencias muestran que, pese a las crecientes restricciones, la defensa de los derechos humanos sigue encontrando formas de resistir.
Esta capacidad de adaptación de la sociedad civil no debe interpretarse como una justificación para normalizar un entorno cada vez más restrictivo. Una democracia requiere un espacio cívico abierto, plural y seguro, donde personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ciudadanía puedan ejercer libremente los derechos de asociación, participación y libertad de expresión.
Una democracia requiere un espacio cívico abierto, plural y seguro.
La comunidad internacional sigue desempeñando un papel relevante mediante el acompañamiento, la cooperación y el monitoreo de los derechos humanos, contribuyendo a que las organizaciones puedan continuar su labor con mayor seguridad. No obstante, es fundamental una mayor apertura y solidaridad para la sostenibilidad de los procesos cívicos construidos a lo largo de los años. Defender el espacio cívico no significa proteger únicamente a las organizaciones de la sociedad civil, sino preservar la posibilidad de que cualquier persona pueda organizarse, expresar sus opiniones, participar en los asuntos públicos y defender sus derechos sin temor a represalias.