La feminista salvadoreña Morena Herrera recibirá el Premio Internacional Defensoras 2026, otorgado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto.
Con motivo de este reconocimiento, compartimos una versión adaptada de las reflexiones que presentó en marzo de 2026 durante una intervención en el Parlamento Europeo. En este texto, Morena Herrera reflexiona sobre las luchas de las mujeres salvadoreñas por construir ciudadanía, ampliar derechos y defender la democracia frente a los retrocesos y desafíos de las últimas décadas.
Vengo de El Salvador, el país más pequeño de América Latina. Un país que vivió una guerra civil entre 1979 y 1992 y que logró poner fin al conflicto mediante unos Acuerdos de Paz que abrieron un nuevo capítulo de nuestra historia.
Las mujeres no fuimos protagonistas de esos acuerdos. Nuestras demandas no estuvieron en el centro de las negociaciones ni se incluyeron propuestas específicas para transformar nuestras vidas. Lo reclamamos entonces y lo seguimos señalando hoy. Sin embargo, también reconocemos que aquellos acuerdos abrieron espacios para iniciar una frágil construcción democrática.
Y frente a aquello que quedó fuera, frente a esa ausencia, nosotras tomamos una decisión: no esperar.
Y frente a aquello que quedó fuera, frente a esa ausencia, nosotras tomamos una decisión: no esperar.
No esperar a que otros incorporaran nuestros derechos. No esperar a que las instituciones respondieran por sí solas. No esperar a ser invitadas. Así comenzó otra etapa de nuestra historia. Otro período de la historia salvadoreña.
Durante los años siguientes, impulsadas también por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y por las conferencias mundiales de Naciones Unidas, las feministas salvadoreñas fuimos construyendo propuestas, articulando demandas e impulsando la creación de institucionalidad para velar por los derechos de las mujeres.
La prohibición absoluta del aborto
Se crearon leyes. Se creó una institucionalidad específica para promover los derechos de las mujeres. Impulsamos políticas de género a nivel local. Se abrieron espacios de atención para mujeres víctimas de violencia. Cada uno de esos avances fue resultado de la organización, de la presión social y de la persistencia de muchas mujeres que decidieron participar activamente en la construcción democrática del país. Sin embargo, mientras una parte de la sociedad avanzaba hacia el reconocimiento de derechos, otra trabajaba para restringirlos.
Paradójicamente, uno de los primeros grandes retrocesos ocurrió en el mismo período en que se consolidaba esa nueva institucionalidad. El Código Penal aprobado en 1997, que se suponía sería más garantista porque veníamos de una larga tradición de violaciones a los derechos humanos, representó para las mujeres uno de los mayores retrocesos.
Se eliminaron todas las causales de aborto permitidas hasta entonces. El Salvador pasó a tener una de las legislaciones más restrictivas del mundo, prohibiendo la interrupción del embarazo incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es resultado de una violación —aunque la embarazada sea una niña— o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
La legislación ha llegado a tal extremo que incluso en casos de embarazo ectópico, que no tiene posibilidad de sobrevivir, los médicos deben esperar a que ya no exista actividad fetal para intervenir, exponiendo a las mujeres a graves riesgos para su salud y su vida.
Poco después se aprobó una reforma constitucional que parecía una modificación inocua: el reconocimiento de la vida desde el instante de la concepción. Lo que parecía una reforma menor terminó convirtiéndose en un candado político y jurídico para bloquear cualquier intento de cambio.
La criminalización de las mujeres en El Salvador
En 1993, El Salvador se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar el Día Nacional del No Nacido. Durante mucho tiempo esa decisión pasó casi desapercibida para el movimiento feminista. Fue años después, cuando comenzamos a revisar el caso de una mujer criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, que empezamos a comprender mejor la dimensión de las fuerzas que se articulaban en contra de nuestros derechos.
El Salvador se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar el Día Nacional del No Nacido.
Con el paso de los años descubrimos que el problema no era únicamente una legislación injusta. También era la forma en que esa legislación se aplicaba. Empezamos acompañando casos individuales de mujeres criminalizadas tras emergencias obstétricas. Creíamos que se trataba de situaciones excepcionales.
También con este caso nos dimos cuenta de la presencia constante de grupos que hoy llamamos antiderechos o fundamentalistas. No todos son religiosos. Algunos se han secularizado, aunque mantengan las mismas raíces ideológicas.
Recuerdo que cuando el New York Times publicó un artículo titulado “Bienvenido al El Salvador del siglo XXI: el Estado antiaborto”, estos grupos presionaron a la dirección del periódico y al periodista que lo escribió. Mientras tanto, a nosotras nos tomó cuatro años más lograr la liberación de Karina, quien había sido condenada a treinta años de prisión.
Cuando finalmente recuperó su libertad, pensamos que habíamos corregido una injusticia aislada. Fue ella quien nos dijo:
"Yo no soy la única. Ahí en la cárcel hay otras mujeres que están por las mismas razones que yo estoy y que no se atreven a hablar porque tienen miedo".
Y tenía razón.
Fue entonces cuando comprendimos que el camino sería mucho más largo de lo que imaginábamos.
Hasta ahora hemos logrado sacar de prisión a 81 mujeres, la mayoría condenadas por aborto o por emergencias obstétricas.
Cada caso confirmó que la defensa de los derechos de las mujeres no era únicamente una discusión jurídica. Era una cuestión de ciudadanía, de igualdad y de democracia. Porque una democracia no se mide solamente por la existencia de elecciones o instituciones. También se mide por quiénes pueden ejercer plenamente sus derechos y quiénes continúan siendo excluidas de ellos.
Nuevos desafíos y nuevas respuestas
En los últimos años hemos visto reducirse los espacios de diálogo democrático y participación ciudadana. Se han eliminado los manuales de educación integral en sexualidad que habíamos logrado construir durante años de trabajo. Los mecanismos de interlocución entre el Estado y las organizaciones sociales se han debilitado. La posibilidad de incidir en las políticas públicas es cada vez más limitada.
Es decir, las posibilidades de diálogo se han ido cerrando. Sin embargo, si algo hemos aprendido a lo largo de estas décadas es que los movimientos sociales encuentran formas de seguir existiendo.
Creo que es importante decir que seguimos existiendo en mi país. Durante muchos años presidí la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Pero el contexto político, la reducción de libertades, las presiones y las limitadas posibilidades de acción para quienes cuestionamos leyes injustas nos llevaron a tomar una decisión difícil: disolvernos legalmente. Pero desaparecer nunca fue una opción.
Decidimos crear otro espacio: La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas.
La Movimienta representa también un aprendizaje. Ya no se define únicamente por la lucha contra la criminalización. Lucha por un derecho. Y ahí hay un cambio importante. No es lo mismo luchar contra un delito que luchar por el reconocimiento pleno de un derecho. También es una apuesta regional que recoge aprendizajes construidos por feministas de toda América Latina.
No es lo mismo luchar contra un delito que luchar por el reconocimiento pleno de un derecho.
Y si hay una lección que quisiera compartir es la importancia de las alianzas: Las alianzas locales que sostienen el trabajo cotidiano. Las alianzas nacionales que permiten ampliar las voces. Y las alianzas internacionales que nos recuerdan que ninguna lucha está completamente sola. Por eso el pañuelo verde se convirtió en mucho más que un símbolo. Representa una historia compartida de aprendizajes, solidaridades y esperanzas construidas entre mujeres de toda América Latina.
Cuando en 1992 las mujeres vimos que nuestras demandas no estaban presentes en los Acuerdos de Paz, tomamos la decisión de no esperar. No esperar a que otros incorporaran nuestros derechos. No esperar a ser invitadas. No esperar a que la democracia nos incluyera por sí sola.
Los derechos nunca han avanzado en línea recta. Han enfrentado resistencias, retrocesos y obstáculos. Pero también han encontrado mujeres organizadas dispuestas a seguir adelante.
Nosotras seguimos aquí.
Seguimos aprendiendo. Seguimos construyendo alianzas. Seguimos defendiendo derechos.
Y seguimos creyendo que una democracia verdaderamente inclusiva solo será posible cuando las mujeres puedan ejercer plenamente su ciudadanía y decidir sobre sus vidas.