La desaparición forzada y muerte de uno de los líderes indígenas más importantes de Nicaragua ocurre en un contexto de persecución contra pueblos indígenas y afrodescendientes, debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe y creciente control estatal sobre sus territorios.
Ha sido grande la consternación en Nicaragua por la muerte bajo custodia del Estado del Ta Upla ("gran líder" o "gran hombre") en idioma Miskitu, Brooklyn Rivera Bryan, defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y diputado ante la Asamblea Nacional por el partido YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, "Hijos de la Madre Tierra") principal organización política indígena de la Costa Caribe. Su fallecimiento representa la pérdida de una de las voces más reconocidas nacional e internacionalmente en la defensa de la autonomía, el territorio y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país.
La desaparición forzada de Brooklyn Rivera terminó con su muerte bajo custodia estatal
Para el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos (GHREN), este caso forma parte de un patrón más amplio de graves violaciones a los derechos humanos caracterizado por la persecución de líderes indígenas y afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos y voces críticas al gobierno.
Brooklyn fue detenido arbitrariamente en su casa de habitación el 29 de septiembre de 2023. Su captura ocurrió pocos meses después de regresar a Nicaragua desafiando una prohibición de facto impuesta por el gobierno, y tras haber denunciado ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en Nueva York la represión y violencia que enfrentaban los pueblos indígenas y afrodescendientes del país. Días más tarde también fue detenida Nancy Enríquez, dirigente de YATAMA y suplente de Rivera en la Asamblea Nacional. Tanto Brooklyn como Nancy y sus entornos familiares cuentan con medidas de protección del Sistema Interamericano.
Durante 971 días, Brooklyn Rivera permaneció en condición de desaparición forzada sin que sus familiares, representantes legales o mecanismos independientes de protección de derechos humanos, tuvieran acceso a él, ni pudieran comprobar las condiciones carcelarias o su estado de salud. Fue hasta el 27 de mayo de 2026 cuando el gobierno de Ortega-Murillo publicó un primer comunicado mostrando fotografías en las que Brooklyn aparecía en estado de coma. La publicación de estas imágenes llevó a su hija, Tininiska Rivera, a pedir desde el exilio, entre otras cosas, una investigación independiente para determinar las razones del deterioro del estado físico de su padre, ya que al momento de su detención este se encontraba en buen estado de salud. Diversos expertos de las Naciones Unidas ya habían advertido sobre el riesgo de que Brooklyn Rivera hubiera fallecido bajo custodia estatal, peligro que también han corrido las otras 112 personas víctimas de desaparición forzada en Nicaragua.
El 30 de mayo, mas de 15 horas después de su muerte, el gobierno confirmó oficialmente en un comunicado el fallecimiento de Brooklyn, y expresó que tanto su hijo Wailan Rivera como Nancy Henríquez – ex dirigente de YATAMA y suplente de Brooklyn Rivera en la Asamblea Nacional y quien también había sido criminalizada y permaneció en prisión por casi tres años, habían permanecido junto a Brooklyn en sus últimos días.
El Estado no entregó sus restos a su familia, ni permitió que las comunidades indígenas participaran libremente en los actos de despedida. En su lugar, realizó una ceremonia rápida bajo control estatal, a la que acudieron funcionarios públicos y algunas personas indígenas y realizó de igual manera su sepultura. Para muchas personas indígenas y afrodescendientes, esta decisión significó la imposibilidad de despedir a uno de sus principales líderes conforme a sus prácticas culturales y espirituales. La tensión se agravó cuando, al menos seis personas del entorno familiar de Brooklyn, viajaron a Managua el 31 de mayo a solicitar la entrega de sus restos mortales y fueron detenidos por autoridades policiales. Desde entonces, hasta la fecha de esta publicación, no existe información oficial sobre el paradero de estas personas.
La represión no terminó con la muerte de Brooklyn Rivera
La muerte de Brooklyn Rivera no puso fin a la persecución contra su entorno. Por el contrario, familiares, dirigentes indígenas y personas cercanas al histórico líder miskitu continuaron enfrentando hostigamiento, vigilancia y detenciones.
Su hija Tininiska Rivera tuvo que exiliarse tras recibir amenazas de las autoridades al exigir ver a su padre cuando fue capturado. Su hermano Wailan Rivera tuvo que ocultarse luego de recibir información sobre una posible detención policial. Y todavía más alarmante es la detención del reconocido líder indígena miskitu de 62 años, Juan Modesto Wilson Kinsman, quien fue detenido junto a su esposa, hijo y dos personas más en circunstancias que organizaciones de derechos humanos vinculan con la búsqueda de información sobre el paradero de Wailan.
En suma, a raíz de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, Nancy Enríquez se encuentra bajo custodia policial, Wailan Rivera se ha escondido por temor a ser detenido arbitrariamente, y 11 personas más del entorno familiar de Brooklyn Rivera detenidas por la policía nacional, se encuentran desaparecidas. Mientras tanto en las comunidades indígenas en la Costa Caribe, a partir de la publicación de las fotografías de Brooklyn Rivera en estado de coma; se han acrecentado las denuncias de vigilancia, seguimiento y presencia policial; así como otras formas de amenaza contra la libertad y la seguridad personal de líderes y lideresas comunitarias.
El caso Brooklyn Rivera forma parte de un patrón de violencia contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe
En los últimos años, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han documentado un deterioro progresivo de la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Según estos organismos, las violaciones de derechos humanos registradas en la región no afectan únicamente a personas individuales, sino también a las formas de organización, representación política, autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En su informe más reciente, la CIDH concluye que el régimen de autonomía reconocido en 1987 fue progresivamente debilitado mediante la centralización del poder, la erosión de los mecanismos de representación indígena y afrodescendiente y la imposición de estructuras paralelas alineadas al Ejecutivo. Según la Comisión, este proceso ha facilitado el control político de la región y el acceso a territorios estratégicos y recursos naturales vinculados a actividades ganaderas, madereras, mineras y de monocultivo. Asimismo, advierte que la paralización del saneamiento territorial desde 2014 ha permitido la ocupación ilegal de territorios indígenas y afrodescendientes, profundizando el despojo de tierras y recursos naturales.
Las cifras reflejan la magnitud de esta crisis. El GHREN documentó al menos 68 personas indígenas asesinadas entre 2015 y 2024 en la Costa Caribe Norte, mientras organizaciones indígenas reportaron a la CIDH al menos 79 asesinatos relacionados con invasiones de colonos entre 2013 y 2024. Entre 2018 y 2024, el Grupo de Expertos registró además 39 secuestros y 124 detenciones arbitrarias de líderes indígenas, guardabosques, defensores del territorio y activistas afrodescendientes. En el mismo período ocurrieron al menos tres masacres de gran escala perpetradas por grupos armados de colonos que, en algunos casos, llegaron a movilizar hasta 200 personas. Lejos de tratarse de hechos aislados, estos datos muestran un patrón sostenido de violencia dirigido contra quienes defienden el territorio, la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de este patrón ocurrió tras la masacre de personas indígenas en la mina de oro de Kiwakumbaih, el 23 de agosto de 2021. Lejos de investigar las denuncias realizadas por sobrevivientes y comunidades indígenas, las autoridades ignoraron sus testimonios y dirigieron la acción penal contra quienes defendían el territorio. Inicialmente fueron criminalizados 14 guardabosques comunitarios y, desde entonces, la persecución se ha ampliado hasta alcanzar a 33 defensores indígenas.
El caso de Kiwakumbaih muestra cómo la violencia contra los pueblos indígenas suele ir acompañada de la criminalización de quienes buscan proteger sus territorios ancestrales actualmente concesionados a empresas mineras sin su consentimiento. Después de más de una década de ataques armados atribuidos por organizaciones indígenas a colonos que operan en territorios indígenas, ocho guardabosques han sido condenados por el sistema judicial nicaragüense, cuatro de ellos a cadena perpetua, mientras otros 18 permanecen encarcelados en procesos cuestionados por violaciones al debido proceso. Entre 2023 y 2025, los ocho guardabosques condenados recibieron medidas de protección del Sistema Interamericano y opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitando su liberación, decisiones que hasta la fecha no han sido cumplidas por el Estado nicaragüense. Al igual que ocurrió con Brooklyn Rivera, la persecución terminó dirigiéndose no contra quienes ejercían la violencia, sino contra quienes denunciaban los abusos y defendían los derechos colectivos de sus comunidades.
El legado de Brooklyn Rivera interpela el futuro de la Costa Caribe
La muerte bajo custodia estatal de Ta Upla Brooklyn Rivera ha provocado una profunda conmoción entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. No solo porque se trataba de uno de sus líderes históricos más reconocidos, ni porque sus comunidades fueron privadas de despedirlo conforme a sus prácticas culturales y espirituales, sino porque su desaparición forzada y muerte condensan muchas de las preocupaciones que hoy pesan sobre el futuro de la Costa Caribe.
Durante décadas, Brooklyn Rivera defendió la autonomía, el territorio y el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a decidir sobre su propio destino. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a las luchas por el reconocimiento de los derechos territoriales, la representación política y la autodeterminación de los pueblos de la Costa Caribe. Por ello, su muerte tras casi tres años de desaparición forzada trasciende la pérdida de una figura política o comunitaria: se convierte en un símbolo de los riesgos que enfrentan quienes continúan defendiendo estos derechos en Nicaragua.
Los hallazgos recientes de la CIDH y del GHREN muestran que la violencia, la criminalización de liderazgos, el debilitamiento de la autonomía y el avance sobre los territorios indígenas no son fenómenos aislados. Se trata de procesos que afectan la capacidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes para mantener sus formas de organización, ejercer sus derechos colectivos y preservar sus territorios, culturas y formas de vida.
En este contexto, la muerte de Brooklyn Rivera deja al descubierto una realidad que trasciende su propia historia. Lo que está en disputa en la Costa Caribe no es únicamente la seguridad de líderes y lideresas indígenas, sino también la vigencia de la autonomía, la protección de los territorios ancestrales y la capacidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes para ejercer sus derechos colectivos. La muerte de Brooklyn Rivera se ha convertido en un símbolo de esa disputa.