Tras años de captura institucional y criminalización, Guatemala intenta reconstruir su sistema de justicia desde una democracia sostenida por comunidades indígenas, movimientos sociales y resistencia ciudadana. Mayo de este año marcó un momento particularmente importante en ese proceso.
Guatemala ha experimentado un cambio que, hasta hace apenas dos años, parecía impensable.: la llegada de un nuevo Fiscal General con mandato real de reconstruir el Ministerio Público —la fiscalía general del Estado— después de ocho años en que esa institución fue utilizada sistemáticamente para perseguir a quienes investigaban la corrupción y proteger a quienes la ejercían.
Ese cambio no ocurrió solo. Tiene una historia detrás que arranca en octubre de 2023, cuando comunidades indígenas de todo el país establecieron un plantón de 106 días frente a la sede del MP para defender el resultado de unas elecciones que sectores del propio aparato estatal intentaban desconocer. No venían a pedir favores. Venían a hacer valer un mandato democrático que las instituciones del Estado estaban dispuestas a ignorar.
En un momento en que el avance autoritario parece irreversible en distintas partes del mundo, Guatemala ofrece una lectura distinta: la de una disputa democrática que no se cerró cuando debería haberse cerrado, sostenida por autoridades indígenas, movimientos sociales y amplios sectores ciudadanos que decidieron defenderla colectivamente. Lo que sigue es el relato de cómo aquel momento se hizo posible, qué lo hizo necesario, y qué queda por construir.
Del experimento anticorrupción a la captura del sistema de justicia
En 2015, Guatemala protagonizó uno de los experimentos más innovadores en la lucha contra la corrupción en América Latina. Las masivas movilizaciones ciudadanas, sumadas a las investigaciones impulsadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, llevaron a la renuncia y posterior captura del entonces presidente Otto Pérez Molina —un hecho sin precedentes en la historia del país.
Sin embargo, la reacción fue proporcional al avance. El llamado "pacto de corruptos" —la alianza entre élites económicas, redes del crimen organizado y sectores políticos con interés en mantener la impunidad— inició una contraofensiva sistemática. En 2019, la CICIG fue expulsada del país,lo que siguió fue el desmantelamiento progresivo y deliberado del sistema de justicia independiente.
El Ministerio Público como arma política
El MP es una institución con independencia, que no pertenece formalmente a ninguno de los tres poderes del Estado, pero opera en estrecha relación con todos ellos. Posee un carácter híbrido, ya que el nombramiento y remoción de su titular corresponden al Presidente de la República, mientras que su función esencial es colaborar con los órganos de justicia en la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal. Ese diseño institucional resulta clave ya que lo convierte en una bisagra crítica del sistema democrático, al operar con independencia, actúa como contrapeso frente a la corrupción y el abuso de poder, mientras que cuando es capturado por grupos al margen de la ley, se convierte en un arma eficaz de persecución de personas adversarias y blinda a redes político-económicas ilícitas incrustadas en el Estado.
Durante los últimos ocho años, bajo la gestión de Consuelo Porras, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para revertir la lucha anticorrupción, en donde personas acusadas confesas fueron liberadas, mientras que, quienes los investigaron fueron convertidos en criminales. Porras desmanteló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual fue creada para trabajar junto a la CICIG en el desmantelamiento de redes político-económicas ilícitas, destituyó a fiscales como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y Siomara Sosa, nombrando posteriormente en su lugar a Rafael Curruchiche, sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos por socavar la democracia.
El resultado fue uno de los mayores éxodos de operadores/as de justicia en la historia reciente de la región: al menos 40 personas operadoras de justicia independientes fueron forzados a exiliarse, a partir de la persecución judicial o criminalización promovida por su trabajo con integridad. Entre ellas figuran la exfiscal general Thelma Aldana, contra quien la misma Fiscalía emitió tres órdenes de captura y dos solicitudes de extradición después de que abandonara el país; Juan Francisco Sandoval, quien la noche de su destitución salió del país y desde el exilio no ha dejado de documentar el desmantelamiento institucional que dejó atrás; y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien procesó a militares por crímenes de la guerra, ganador del Premio de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Asociación Alemana de Jueces (DRB), un reconocimiento por su compromiso con la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.
La persecución no se limitó a operadores/as de justicia, sino que también a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, líderes indígenas, estudiantes y cuerpo docente de la Universidad San Carlos, entre otros.
En este escenario, tanques de pensamiento como Freedom House puntúan a Guatemala con 1 sobre 4 en independencia judicial, mientras que el World Justice Project la ubica en el lugar 110 de 143 países en Estado de derecho.
A pesar de esto, luego de un proceso arduo de elecciones de segundo nivel, el presidente Bernardo Arévalo nombró este pasado 5 de mayo a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General para el período 2026-2030, con el mandato explícito de reconstruir una institución devastada.
La resistencia que hizo posible este momento
Frente a ese panorama, era razonable pensar que la disputa democrática en Guatemala estaba cerrada, por fortuna, no lo estaba por completo.
Cuando en octubre de 2023 sectores del sistema de justicia intentaron desconocer el resultado electoral que dio la victoria a Bernardo Arévalo, fueron los pueblos indígenas quienes tomaron la iniciativa política más decisiva. Autoridades comunitarias de distintas regiones del país convocaron a sus comunidades, deliberaron colectivamente y marcharon hacia la capital para establecer un plantón permanente frente a la sede del Ministerio Público que se extendió durante 106 días. No fue una reacción espontánea. Fue una expresión de poder político organizado, enraizado en formas de autoridad y gobernanza comunitaria con siglos de historia.
Lo que ocurrió en 2023 logró algo que no habían conseguido ni los Acuerdos de Paz de 1996 ni décadas de políticas multiculturales, el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores políticos de primer nivel en Guatemala. Permitiendo que tuvieran un rol protagónico frente a una crisis nacional, resistiendo la presión cuando otros actores vacilaron, haciendo políticamente inviable el golpe institucional en marcha. Junto a ellos, el movimiento estudiantil universitario, organizaciones campesinas, colectivos feministas y sectores urbanos acompañaron y ampliaron esa presencia, pero el centro de gravedad de la resistencia estuvo en las comunidades indígenas.
Esa resistencia tuvo un costo inmediato; El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, respondió con la criminalización, fiel a su práctica habitual. En este escenario, líderes indígenas que habían participado en el plantón fueron objeto de investigaciones penales, allanamientos y órdenes de aprehensión. Paradójicamente, la misma institución que había liberado a personas acusadas con pruebas ahora perseguía a quienes habían defendido una elección democrática. Este escenario resume mejor que cualquier indicador el carácter del MP bajo Porras y explica por qué su salida no era solo un cambio de nombre en un cargo, sino una condición necesaria para que Guatemala pudiera retomar cualquier camino hacia la institucionalidad democrática.
Es fundamental reconocer que sin la resistencia de los pueblos indígenas y el acompañamiento de distintas esferas sociales -sociedad civil, gremios profesionales, comunidades organizadas- , el relevo en la Fiscalía General no habría ocurrido. Si no se entiende quién sostuvo ese proceso y a qué costo, el cambio de mayo de 2026 pierde su sentido más profundo.
El sombrío MP que hereda el nuevo Fiscal García Luna
El fiscal García Luna asumió la madrugada del 17 de mayo y en menos de 72 horas tomó sus primeras decisiones de fondo, por medio del anunció de eliminación de la FECI y la destitución de Rafael Curruchiche, ordenó que los allanamientos sean comunicados con al menos 24 horas de anticipación a la Secretaría General, y estableció restricciones al uso de redes sociales por parte del personal fiscal. En su primer mensaje público declaró que el MP no puede utilizarse como arma al servicio de ningún grupo y que deben cesar las persecuciones selectivas, "la ley es pareja o no es ley".
Este cambio de Fiscal General fue ampliamente festejado por distintos grupos de la sociedad guatemalteca, desde juveniles, estudiantiles, profesionales, población organizada, entre otros. Quienes respaldaron estas primeras acciones como señales de un compromiso real por recuperar la institucionalidad. Sin embargo, los retos son estructurales, García Luna hereda una institución severamente deteriorada, en donde instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de Independencia Judicial, han documentado el desmantelamiento de fiscalías especializadas, la destitución y traslado arbitrario de fiscales a cargo de investigaciones de casos graves de corrupción y crimen organizado, entre otros.
La historia del MP de Guatemala, enseña que las buenas intenciones, por genuinas que sean, no bastan. Se espera que los próximos pasos se orienten a un nuevo capítulo, a una ruptura real del rol asumido durante los últimos años y se encamine a una legitimidad institucional, orientada a la investigación de manera objetiva e independiente de los casos, iniciando por aquellos de mayor impacto social, lo cual determinará la credibilidad institucional y demostrará su firme compromiso con la lucha contra la impunidad.
El Presidente Arévalo, por medio de una carta abierta publicada el 18 de mayo, reflexionó sobre el período que calificó como "secuestro de las instituciones de justicia", resaltando la importancia de garantizar la vía legal como el único camino para rescatarlas. Señaló que la justicia ha sido demasiadas veces utilizada como herramienta de revancha, que el rol del Fiscal García Luna no es servir a un presidente ni a intereses políticos particulares, sino a una justicia independiente y objetiva al servicio de todos los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no detenerse y a sostener la esperanza "Hemos abierto una puerta al futuro y hoy nos toca atravesarla todos juntos."
Guatemala continúa siendo profundamente frágil. Sin embargo, el hecho de que la disputa democrática permanezca abierta ya constituye, en sí mismo, un dato político relevante para una región marcada por el avance autoritario. Es importante reconocer que este hecho es gracias a la resistencia de las comunidades indígenas, a las y los fiscales que siguieron trabajando desde el exilio, a los grupos de las y los jóvenes que ocuparon plazas cuando el resultado electoral estuvo en riesgo.
Que Guatemala esté intentando reconstruir democracia desde instituciones que fueron usadas para destruirla —y que lo esté haciendo con actores que no suelen aparecer en los manuales de transición democrática— es, quizás, lo más importante que está ocurriendo hoy en la región.