Costa Rica fue presentada durante años como un modelo energético verde. Hoy, el proyecto de Ley 23.414 amenaza con transformar profundamente ese sistema público mediante la liberalización y privatización progresiva de la electricidad. El debate no es únicamente técnico ni tarifario. Lo que está en juego es una pregunta mucho más profunda sobre la forma en que una sociedad entiende la energía, el desarrollo y lo público.
En 2015, Costa Rica generó titulares internacionales al producir durante largos períodos casi el 100% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Desde entonces, el país ha sido presentado como un referente no solo ambiental, sino también energético, debido a sus altos niveles de cobertura eléctrica, estabilidad del servicio y tarifas relativamente más bajas que las de gran parte de Centroamérica. Lo que muchas veces pasa desapercibido fuera de Costa Rica es que estos avances han sido posibles, en gran medida, gracias a un modelo eléctrico mayoritariamente público y planificado, construido alrededor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Hoy, ese modelo enfrenta una de las discusiones más importantes de las últimas décadas.
Aunque el proyecto de Ley de “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” (expediente 23.414) fue presentado por el Poder Ejecutivo en 2022, durante las últimas semanas el debate ha vuelto al centro de la discusión pública. La iniciativa entró en una fase decisiva dentro de la Asamblea Legislativa y podría avanzar próximamente hacia su votación en primer debate. Para diversos sectores sociales, ambientales, sindicales y académicos, lo que está en juego no es únicamente una reforma técnica del mercado eléctrico, sino el futuro mismo del modelo energético costarricense.
El debate no es únicamente técnico ni tarifario. Lo que está en juego es una pregunta mucho más profunda sobre la forma en que una sociedad entiende la energía, el desarrollo y lo público. La electricidad no constituye solamente una mercancía o un servicio sujeto a las dinámicas del mercado: es una condición básica para la vida contemporánea, para el acceso a derechos, para el funcionamiento de hospitales, escuelas, sistemas de agua y comunidades enteras. Discutir quién controla la energía, bajo qué criterios se planifica y a quién responde el sistema eléctrico implica también discutir qué tipo de sociedad se quiere construir.
En el fondo, la disputa alrededor del proyecto 23.414 refleja una tensión cada vez más visible a nivel global: entre modelos orientados al interés público, la planificación colectiva y la sostenibilidad de largo plazo, y esquemas donde la energía tiende a organizarse crecientemente bajo lógicas de competencia, rentabilidad y acumulación privada.
El proyecto 23.414 y la apertura del mercado eléctrico
El proyecto 23.414 representa una profunda transformación del modelo eléctrico costarricense. Aunque se presenta como una propuesta de modernización y “armonización” del sistema eléctrico nacional, en la práctica impulsa una apertura del mercado eléctrico que favorece la privatización progresiva de un servicio estratégico para el país.
Lo que propone este proyecto de ley no es ninguna novedad. Forma parte de una lógica de liberalización energética promovida en distintos países de América Latina desde la década de 1990 que ha traído resultados desastrosos en otros países de Centroamérica y del mundo. Mientras Costa Rica ha seguido históricamente un camino distinto, manteniendo un sistema eléctrico mayoritariamente público y dirigido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permitió consolidar altos niveles de electrificación, cobertura nacional, estabilidad y calidad del servicio, fortaleciendo además una concepción de la electricidad como un servicio público estratégico y no únicamente como una mercancía sometida a las dinámicas del mercado.
Uno de los cambios centrales que plantea el proyecto 23.414 es la creación de un mercado eléctrico mayorista basado en mecanismos de competencia y subastas. Bajo este esquema, la electricidad dejaría de organizarse principalmente desde criterios de planificación pública y necesidades colectivas, para pasar a depender crecientemente de dinámicas de oferta, demanda y rentabilidad privada.
Experiencias internacionales muestran que este tipo de mercados suelen generar fragmentación institucional, debilitamiento de la planificación energética y mayor vulnerabilidad frente a crisis o perturbaciones. Cuando la energía se organiza prioritariamente bajo lógicas de competencia y acumulación, las decisiones tienden a responder más a intereses económicos particulares que a objetivos sociales, ambientales o territoriales de largo plazo.
Gobernanza del sistema eléctrico y riesgos de privatización
Otro de los cambios relevantes que plantea el proyecto es la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, al que se trasladarían funciones históricamente ejercidas por el ICE en materia de planificación y coordinación del sistema eléctrico nacional.
Esta propuesta genera preocupación porque modificaría profundamente la gobernanza del sistema eléctrico costarricense, al introducir un esquema donde actores privados tendrían representación directa en espacios de toma de decisiones estratégicas sobre la planificación energética. Diversos sectores advierten que esto podría abrir la puerta a conflictos de interés, debilitar los criterios técnicos y aumentar la politización de decisiones que históricamente han respondido al interés público y a la planificación nacional de largo plazo.
Otro aspecto sensible del proyecto es la posibilidad de que empresas privadas exporten electricidad al mercado regional centroamericano, una función que actualmente realiza el ICE. Bajo el modelo vigente, los ingresos obtenidos por exportaciones eléctricas contribuye a reducir costos y sostener tarifas para la población. En cambio, bajo un esquema privatizado, esas ganancias pasarían principalmente a manos privadas, sin garantizar beneficios colectivos equivalentes.
En términos tarifarios, Costa Rica mantiene actualmente una de las tarifas eléctricas más bajas de Centroamérica, especialmente considerando la calidad, cobertura y estabilidad del servicio. Mientras en Costa Rica el costo promedio del kilovatio/hora ha sido menor que en varios países vecinos, en otras naciones de la región las tarifas eléctricas representan una fuerte carga para las economías familiares y han provocado conflictos sociales y protestas.
El proyecto también genera preocupación por sus posibles impactos socioambientales. Una mayor apertura del mercado eléctrico incrementaría la presión sobre territorios, ríos y ecosistemas para el desarrollo de proyectos energéticos impulsados por criterios de competencia y rentabilidad.
Costa Rica ya vivió procesos similares durante las décadas de 1990 y 2000, cuando las políticas de cogeneración incentivaron una expansión significativa de proyectos hidroeléctricos privados. En distintos países de la región, la expansión desregulada de proyectos energéticos ha provocado conflictos territoriales, afectaciones ambientales, criminalización de comunidades y violencia contra personas defensoras de los ríos y los territorios.
La discusión sobre energía no puede reducirse únicamente a criterios de mercado o eficiencia económica. La electricidad constituye una condición básica para la vida digna, el acceso a derechos y el desarrollo de las comunidades. Por ello, desde diversos sectores sociales, ambientales, sindicales, universitarios, indígenas y rurales se defiende la necesidad de fortalecer un modelo eléctrico público, solidario, planificado y orientado al bienestar colectivo.
El modelo que Costa Rica necesita fortalecer es aquel que garantice acceso universal, tarifas justas, sostenibilidad ambiental y planificación democrática de largo plazo. Un modelo que reconozca los límites ecológicos de los territorios y entienda que los ríos, bosques y ecosistemas no son simples recursos disponibles para la explotación ilimitada. Esta discusión adquiere especial relevancia en una región marcada por profundas desigualdades energéticas, donde los procesos de liberalización y privatización del sector eléctrico han estado acompañados por fuertes aumentos tarifarios, conflictos sociales y mayores dificultades de acceso para sectores vulnerables.
Impactos socioambientales y defensa de la electricidad pública
Desde la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) nos hemos movilizado contra este proyecto desde su anuncio en 2022. Gracias a la presión y organización social, el expediente no ha sido aprobado hasta ahora. Sin embargo, durante este mes de mayo el proyecto ha entrado en una fase decisiva dentro de la Asamblea Legislativa y podría avanzar hacia su votación en primer debate.
Ante este escenario, se han fortalecido articulaciones entre organizaciones sociales, sindicatos, sectores universitarios, movimientos ambientalistas, comunidades indígenas, mujeres rurales y otros sectores preocupados por el futuro del sistema eléctrico nacional.
Desde una visión solidaria e incluyente, sostenemos que la energía y la electricidad deben entenderse como derechos fundamentales de las personas y no como mercancías subordinadas al lucro privado.