Mientras en Centroamérica las sequías, inundaciones y el aumento del costo de la vida golpean cada vez más fuerte, la ONU acaba de reabrir una discusión que durante décadas las grandes potencias intentaron evitar: quién debe responder por los daños de la crisis climática. La nueva resolución sobre cambio climático y derechos humanos comienza a mover el debate internacional desde las promesas políticas hacia la responsabilidad. Y aunque parezca una discusión lejana, podría influir directamente en el acceso de países como los centroaméricanos a financiamiento, reparaciones y protección frente a impactos climáticos cada vez más extremos.
Qué aprobó realmente la ONU
Ayer, mientras la crisis climática continúa acelerándose y el multilateralismo atraviesa uno de sus momentos más frágiles, marcado por guerras, retrocesos democráticos y el resurgimiento de gobiernos cada vez más hostiles a la acción climática, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución sobre cambio climático y derechos humanos que retoma la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 y vuelve a colocar en el centro del debate internacional una palabra que durante décadas las grandes potencias emisoras lograron mantener cuidadosamente contenida: responsabilidad.
La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 28 abstenciones y 8 votos en contra, entre ellos Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia e Irán. El texto retoma las conclusiones de la Corte sobre las obligaciones de los Estados de proteger el sistema climático y reconoce explícitamente conceptos que durante años permanecieron políticamente contenidos dentro del sistema multilateral: justicia climática, pérdidas y daños, reparación, derechos humanos y responsabilidad estatal frente al daño climático.
La importancia de la resolución no está únicamente en lo que dice, sino en lo que revela. Durante décadas, el régimen climático internacional logró mantener la discusión climática dentro de un terreno relativamente manejable: metas de reducción de emisiones, cooperación técnica, fondos insuficientes y promesas futuras. Pero lentamente, y empujados sobre todo por pequeños Estados insulares y países altamente vulnerables, el lenguaje del debate está comenzando a desplazarse hacia preguntas mucho más incómodas: quién causó el daño, quién se benefició históricamente de la economía fósil y quién debe asumir ahora los costos de sobrevivir a la crisis.
La batalla ya no es solo climática: es jurídica
Aunque los propios Estados impulsores insistieron repetidamente en que la resolución no crea nuevas obligaciones jurídicas, no asigna automáticamente responsabilidad a Estados específicos y no reemplaza el régimen climático existente bajo la UNFCCC y el Acuerdo de París, el debate dentro de la Asamblea General dejó claro que muchos gobiernos perciben que algo más profundo está comenzando a moverse dentro del sistema internacional. Precisamente porque, aun sin ser jurídicamente vinculante, la resolución fortalece políticamente la idea de que la destrucción climática puede comenzar a ser tratada no únicamente como un fracaso político, sino también como un problema de responsabilidad internacional.
La votación dejó ver hasta qué punto la crisis climática se ha convertido en un nuevo terreno de disputa geopolítica alrededor de soberanía, energía y derecho internacional. No fue casual que varios de los Estados que votaron en contra —entre ellos Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia— coincidieran en rechazar cualquier lenguaje que pudiera fortalecer futuras interpretaciones jurídicas sobre responsabilidad climática, obligaciones transfronterizas o limitaciones más estrictas sobre economías fósiles.
La delegación estadounidense fue probablemente la más reveladora. Aunque insistió repetidamente en que la opinión consultiva de la Corte “por definición no es vinculante”, gran parte de su intervención estuvo dedicada precisamente a advertir sobre los riesgos políticos y jurídicos de tratarla “como irrefutablemente autoritativa”. Washington expresó preocupación porque nuevas interpretaciones climáticas pudieran “interferir inadmisiblemente con los derechos soberanos de cada Estado para regular y administrar sus propias actividades”, una frase que deja ver con claridad el temor a que el derecho internacional climático comience lentamente a limitar la soberanía energética y extractiva de las grandes economías fósiles.
Más revelador aún fue el rechazo estadounidense a que la resolución describiera el cambio climático como “un desafío sin precedentes de proporciones civilizatorias”, calificando esa formulación como una “declaración hiperbólica”. La frase parece menor, pero revela una disputa mucho más profunda: quién tiene hoy la autoridad política y moral de nombrar la magnitud real del colapso climático. Mientras tanto, Rusia denunció que la resolución intentaba convertir la opinión consultiva en una obligación jurídica de facto y rechazó referencias al derecho a un ambiente sano, a la migración climática y al objetivo de 1.5°C como supuesto estándar vinculante. Arabia Saudita, por su parte, insistió en que el texto introducía “nuevas obligaciones u obligaciones ampliadas” más allá del Acuerdo de París.
Si algo dejó claro la sesión es que el verdadero temor de varios grandes emisores no parece ser únicamente climático. Lo que preocupa es la posibilidad de que la crisis climática salga progresivamente del terreno relativamente flexible de la negociación política y entre cada vez más al campo mucho más incierto de las obligaciones jurídicas internacionales, los litigios climáticos, la responsabilidad estatal y las futuras demandas por reparación.
El Sur Global tampoco habla con una sola voz
Las discusiones también mostraron algo menos visible pero igual de importante: el Sur Global no habla con una sola voz. Aunque muchos países vulnerables respaldaron firmemente la resolución, también aparecieron tensiones profundas alrededor de financiamiento, deuda, desarrollo y responsabilidades históricas.
India, por ejemplo, se abstuvo argumentando que el texto limitaba el espacio político de los países en desarrollo y no reconocía suficientemente las obligaciones financieras de los países desarrollados. “Las responsabilidades comunes pero diferenciadas no son un simple eslogan”, afirmó su delegación, insistiendo en que quienes históricamente provocaron la crisis climática tienen la obligación de proporcionar financiamiento, tecnología y medios de implementación al Sur Global. Egipto fue incluso más directo: “el obstáculo no es la falta de normas jurídicas, sino la falta de voluntad política”.
Ahí aparece una tensión profundamente relevante para regiones como Centroamérica, donde los impactos climáticos se acumulan sobre economías endeudadas, sistemas públicos debilitados y profundas desigualdades sociales. Porque para muchos países del Sur Global el riesgo no es únicamente la crisis climática, sino que la transición termine trasladando nuevamente los costos hacia quienes menos contribuyeron a provocarla. Y en esa carga desigual, como ocurre casi siempre en las crisis, las mujeres continúan absorbiendo silenciosamente buena parte del trabajo de sostener la vida cotidiana: garantizar agua, alimentos, cuidados y supervivencia comunitaria en contextos cada vez más precarios.
Los pequeños Estados insulares cambiaron el lenguaje del debate climático
Pero quizá las intervenciones más poderosas fueron las de los pequeños Estados insulares del Pacífico y el Caribe, que lograron mover el debate climático desde el terreno abstracto de las negociaciones diplomáticas hacia algo mucho más tangible: la supervivencia.
Fiyi lo resumió de manera brutalmente sencilla: “La crisis climática no es un escenario futuro. Es agua salada en nuestros pozos. Son tormentas sobre nuestros muros. Es el dolor de ver desaparecer tierras ancestrales bajo el mar”.
Y aunque la frase proviene del Pacífico, resulta imposible no pensar en las costas centroamericanas donde la intrusión salina ya afecta comunidades enteras, donde el agua potable comienza a escasear y donde las tormentas destruyen en cuestión de horas lo que muchas familias tardaron décadas en construir. Filipinas advirtió algo igualmente importante: “Nuestra resiliencia no puede convertirse en la excusa del mundo para la inacción”.
La frase golpea especialmente a regiones como América Latina, donde la resiliencia suele celebrarse internacionalmente mientras las poblaciones sobreviven entre austeridad, deuda, migración forzada y abandono estatal. Mientras tanto, Belice defendió que “la justicia climática requiere la aplicación de todo el derecho internacional”, incluyendo derechos humanos, derecho del mar y responsabilidad estatal.
Fueron precisamente estos pequeños Estados, enfrentados a la posibilidad real de perder territorios completos bajo el aumento del nivel del mar, quienes terminaron empujando al sistema internacional hacia una discusión que durante décadas las grandes economías emisoras lograron evitar cuidadosamente: si el cambio climático puede seguir tratándose únicamente como un fracaso político o si comienza finalmente a reconocerse también como un problema de responsabilidad internacional.
Lo que realmente está en disputa
Es difícil entender la resolución y su importancia, sin reconcoer el enorme trabajo político y ético sostenido durante años por pequeños Estados insulares, juventudes, organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y movimientos climáticos del Sur Global que lograron mover una conversación que durante décadas parecía imposible dentro de Naciones Unidas. Nada de esto comenzó ayer. El proceso fue impulsado inicialmente por estudiantes del movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change, que imaginaron la posibilidad de llevar la crisis climática ante la Corte Internacional de Justicia mucho antes de que la mayoría de gobiernos estuvieran dispuestos siquiera a discutirlo. Más tarde, países como Vanuatu, Belice, Barbados, Filipinas, Kenia o las Islas Marshall transformaron esa demanda ética en una ofensiva diplomática capaz de mover lentamente el lenguaje del sistema multilateral desde la cooperación voluntaria hacia la responsabilidad y la reparación. Y aunque la mayoría de paìses Centroaméricanos apareció poco dentro de las discusiones alrededor de la resolución, la sociedad civil centroaméricana sin duda empujo esta resolución insistiendo en poner en las diversas agendas la defensa del agua, las pérdidas y daños, las migraciones climáticas, la deuda ecológica, la responsabilidad corporativa y el derecho a vivir dignamente en territorios cada vez más golpeados por sequías, tormentas, extractivismo y desplazamiento.
La resolución aprobada esta semana no resolverá la crisis climática. Tampoco transformará automáticamente las estructuras económicas que sostienen la dependencia global de los combustibles fósiles. Pero sí deja ver que el conflicto climático internacional está entrando lentamente en una nueva etapa.
La discusión ya no gira únicamente alrededor de cuántas emisiones reducir o qué tan rápida debe ser la transición energética. Lo que empieza a discutirse es algo mucho más profundo: quién debe responder por los daños ya causados, quién tiene derecho a seguir contaminando, quién paga los costos de adaptación y supervivencia y quién define finalmente las reglas jurídicas del colapso climático global.
Quizá por eso una de las frases más honestas de toda la sesión vino de Vanuatu, cuando su delegación reconoció que “algunos preferirían que esta Asamblea dijera menos o no dijera nada”. Pero cuando el agua salada comienza a entrar en los pozos, cuando las cosechas se pierden, cuando las familias migran porque ya no pueden sostener la vida en sus territorios y cuando regiones enteras comienzan a endeudarse para sobrevivir a una crisis que no provocaron, guardar silencio también se convierte en una decisión política.