La política migratoria bajo Trump 2.0: balance tras un año de gobierno

Nota de la redacción: Este artículo fue escrito antes de la intervención del presidente estadounidense Trump contra Venezuela el 3 de enero, contrario al derecho internacional, y del asesinato de la estadounidense Renee Nicole Good por un agente del ICE el 7 de enero de 2026.

El 20 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump cumple su primer año en el cargo. Un balance de la política de su gobierno durante este primer año resulta, estremecedor, corrosivo para la democracia y marcado por graves violaciones a los derechos humanos. Uno de los ejes centrales con los que Trump ya había azuzado el debate durante la campaña electoral ha sido el endurecimiento extremo de la política migratoria de Estados Unidos.

Para comprender qué significa esto en términos concretos para las personas afectadas, conversamos en octubre de 2025, en el marco de la sexta reunión de la Mesa Redonda sobre Centroamérica realizada en Berlín, con la abogada y feminista Carolina Gottardo. Desde 2020 es directora ejecutiva de la International Detention Coalition (IDC) y ha participado activamente en distintos espacios y organismos vinculados a los derechos humanos, el género, la migración y el refugio en ciudades como Londres, Melbourne, Bangkok, Bogotá y Bruselas. Su experiencia se sustenta en más de veinte años de trabajo transnacional en los ámbitos de los derechos humanos, la migración y el género.

Entrevista a cargo de Erika Harzer.

Esta “cri-migración” se expresa, por ejemplo, en la detención de personas migrantes, el accionar violento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como en la externalización de los controles fronterizos y las deportaciones forzadas.

Erika Harzer: ¿Qué ha cambiado en materia migratoria bajo el Trump 2.0?

Carolina Gottardo: Desde el inicio de la primera presidencia de Donald Trump, podemos observar a nivel mundial una tendencia hacia la criminalización de la migración. Sin embargo, con su segundo mandato este proceso se ha acelerado de una manera profundamente alarmante. Trabajo desde hace veinte años en el ámbito de los derechos humanos —incluidos los derechos de las personas migrantes y refugiadas— y nunca había presenciado una regresión tan grande como la que estamos viviendo actualmente. Lo más grave es la criminalización tanto de las personas migrantes como de quienes las apoyan. Esta “cri-migración” se manifiesta, por ejemplo, en la detención de personas migrantes, el accionar brutal de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la externalización de los controles fronterizos y las deportaciones forzadas. Todo ello es extremadamente grave. El accionar de Trump no tiene consecuencias únicamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero.

¿Cómo ha cambiado la narrativa?

El populismo de la administración Trump ha impulsado la creación de burbujas de desinformación que no buscan informar, sino distorsionar la realidad. Las políticas migratorias populistas no se basan en evidencia sobre lo que funciona —o no— en materia de política pública. Se trata de una política con una clara intencionalidad criminal, resultado de la politización de la migración y del uso deliberado de mentiras como herramienta política. De este modo, se construyen mitos en el espacio mediático que presentan a la mayoría de las personas migrantes como criminales, sin que exista ningún tipo de evidencia que respalde esas afirmaciones.

¿Qué significa esto concretamente para las personas afectadas?

Bajo el gobierno de Trump estamos observando detenciones que derivan en deportaciones y que van incluso más allá. Lo que vemos son desapariciones forzadas: personas migrantes que, de un momento a otro, son subidas a un avión y trasladadas a otro país, a otra parte del mundo —no solo en Centroamérica ni únicamente en El Salvador—, sin ningún tipo de evaluación individual del caso ni de los riesgos a los que podrían estar expuestas. Con estas prácticas, el gobierno de Estados Unidos vulnera de manera sistemática los derechos humanos. En muchos casos, las familias se enteran de lo ocurrido con sus seres queridos de forma fortuita, al ver imágenes en la televisión. Otras ni siquiera saben dónde se encuentran sus familiares. Las personas deportadas de esta manera no saben a dónde van, por qué han sido trasladadas ni por cuánto tiempo.

¿Qué ha cambiado desde Trump 2.0 en cuanto al apoyo financiero a las personas refugiadas?

Lo que estamos viendo es un desmantelamiento del sistema de apoyo en los ámbitos de los derechos humanos y la migración. La suspensión del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos (PRM), así como de otras instancias que hasta ahora sostenían al sistema de las Naciones Unidas y a grandes organizaciones no gubernamentales, ha generado un enorme efecto dominó sobre el multilateralismo en su conjunto.

El resultado es una verdadera crisis de apoyo: las Naciones Unidas han perdido a una parte significativa de su personal y han cerrado oficinas; las ONG están clausurando programas y retirándose de los territorios. Ya no existe financiamiento para las pequeñas organizaciones locales que ofrecían puntos de apoyo a las personas migrantes a lo largo de la ruta. Al mismo tiempo, la demanda ha aumentado, ya que es evidente que cada vez más personas migrantes están retornando desde el norte de México, en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Estos efectos colaterales no son accidentales: son deliberados. No solo se está destruyendo el financiamiento del sistema multilateral y de la sociedad civil, sino que también se está demonizando a quienes proveen recursos a la sociedad civil. Un ejemplo claro es el ataque contra el filántropo George Soros y la Open Society Foundations (OSF), una de las mayores donantes a nivel global. Una de las propuestas recientes de Trump plantea impedir que estas organizaciones filantrópicas transfieran fondos a otros países. ¿Qué ocurrirá entonces? Sin los recursos de estas fundaciones, sin el financiamiento de la ONU, sin las ONG y las organizaciones de base en el terreno, ¿quién apoyará a las personas migrantes? ¿Qué sucederá con las autoridades locales que deben atenderlas y que ya no reciben financiamiento?

Ya no podemos actuar de manera aislada; necesitamos una estrategia mejor y debemos aliarnos con actores con los que hasta ahora no lo hemos hecho.

Entonces, ¿cuál es el mayor reto? 

Hacer frente a esta erosión de los derechos humanos —que va mucho más allá de la migración— es el gran desafío que enfrentamos actualmente. Hablamos de migración, de acceso a la justicia, de democracia, de políticas de género; hablamos de todo. Estamos viendo cómo el sistema se desmorona, o cómo el sistema en el que creímos y que hemos construido está siendo desmantelado.

Frente a desafíos de esta magnitud, se requieren soluciones estratégicas que impliquen cooperación y formas diversas de pensar desde distintos ámbitos. Ya no podemos seguir actuando de manera aislada: necesitamos una mejor táctica y debemos aliarnos con actores con los que hasta ahora no lo hemos hecho. Necesitamos construir coaliciones que articulen a distintas personas y sectores. También es fundamental vincularnos con los gobiernos de las distintas regiones del mundo, ya que desempeñarán un papel clave, por ejemplo, en materia de deportaciones y acuerdos bilaterales. Es importante que estos gobiernos no acepten estas políticas. ¿Cómo podemos influir en ellos? ¿Cómo podemos establecer vínculos con las autoridades locales? ¿Cómo podemos fortalecernos a través del trabajo en red? Necesitamos soluciones grandes e innovadoras para tiempos difíciles.

¿Podrán estas organizaciones superar este reto y lograr cambios?

En el contexto actual, no tenemos otra opción que pensar de manera más estratégica. Si no lo hacemos, el sistema de financiamiento simplemente no alcanza para sostener las cosas tal como estaban. Esta reducción del apoyo no ocurre únicamente en Estados Unidos: en Europa también se está recortando la financiación para la cooperación internacional. Los fondos de desarrollo destinados a apoyar a otros países están disminuyendo, mientras que, al mismo tiempo, aumentan los recursos asignados a defensa. En este escenario, la pregunta es inevitable: ¿dónde están hoy las y los donantes?

Otro escenario posible es una competencia cada vez más aguda entre las organizaciones. Al final, también están en juego los puestos de trabajo.

Si observamos el ámbito multilateral, es evidente que existen organizaciones que intentan defender su mandato, y lo mismo ocurre con las ONG. Todas realizamos un trabajo muy valioso, pero carecemos de los recursos necesarios y nos vemos obligadas a buscarlos con urgencia. Esta situación es compartida por muchas organizaciones: distintas ONG, organismos multilaterales y grandes estructuras institucionales tratan de preservar su espacio.

Los recortes al sistema de financiamiento de USAID y de estas organizaciones están teniendo efectos profundos en América Latina, África y Oriente Medio.

Tras la crisis financiera, ¿qué ocurrirá con los grandes campamentos de personas refugiadas en todo el mundo gestionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)? ¿Qué implicaciones tiene esto para los países donde se encuentran estos campamentos?

Estamos hablando de un tema muy importante del que, en realidad, no nos gusta hablar. En los países del llamado Sur Global hemos sido excesivamente dependientes de Estados Unidos. El recorte del sistema de financiamiento de USAID y de estas organizaciones está teniendo impactos enormes en América Latina, pero también en África y en Oriente Medio. Ese financiamiento generó relaciones de dependencia y un fuerte poder blando por parte de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido ahora es, para mí, una llamada de atención. Necesitamos construir mucha más resiliencia. Y para avanzar en esa dirección, es indispensable conquistar algo que se viene reclamando desde hace décadas: el derecho al trabajo para las personas solicitantes de asilo y las personas refugiadas.